En Colombia, los ataques con drones se han multiplicado desde 2024. Grupos armados ilegales emplean estos aparatos para lanzar proyectiles contra las fuerzas de seguridad o contra grupos rivales, lo que agrava aún más la ya frágil situación de Derechos Humanos en los departamentos de Cauca y Norte de Santander.
Un obús de mortero cae del cielo y explota en el suelo: eso muestra un video grabado en el Catatumbo, una región ubicada en el departamento de Norte de Santander, en el noreste de Colombia, difundido en redes sociales en marzo. Justo después de la explosión, se ve a una persona salir corriendo.
El proyectil que se ve en este vídeo fue lanzado desde un dron, un método cada vez más utilizado por los grupos armados colombianos.
El Catatumbo es una zona fronteriza con Venezuela, conocida por su cultivo de coca, la planta utilizada para producir cocaína. Desde enero, es escenario de sangrientos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla activa desde los años sesenta, y el Frente 33, escisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Esta no es la única región afectada por la violencia en Colombia, donde el conflicto armado lleva más de 60 años. A finales de 2024, había presencia de grupos armados en el 71% de los municipios del país, según cifras de la Defensoría del Pueblo colombiana.
En 2016, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo de paz. Pero, algunos excombatientes retomaron las armas, y el acuerdo no incluía a otros actores armados —como el ELN—, que continuaron con sus actividades.
En 2022, la llegada al poder de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, tampoco logró frenar la violencia, pese a sus ambiciones de “paz total”, una política destinada a desmovilizar todos los grupos armados mediante el diálogo.
Aumento de ataques con drones desde 2024
Los ataques con drones se han multiplicado desde 2024. Los grupos armados usan principalmente drones comerciales de la marca china DJI, que suelen modificar, o bien dispositivos fabricados artesanalmente. Luego les adaptan proyectiles —caseros o convencionales— que son lanzados desde el aire.
Sin embargo, los primeros ataques no son recientes. En conversación con France 24, Camilo Mendoza, exmilitar colombiano y consultor en temas de defensa, señala que el primer caso ocurrió en junio de 2018 en Barranco Minas, Guainía:
“Un dron comercial dejó caer un paquete que contenía material explosivo encima de una unidad del Ejército, pero afortunadamente no detonó.”
Ya en septiembre de 2019, el Ejército declaró haber hallado “dos drones Syma [marca china] cargados con explosivos” en el departamento de Nariño y presentó imágenes como prueba.
Mendoza también compartió con la redacción de France 24 conversaciones por WhatsApp del Ejército, donde se reporta un ataque en octubre de 2021 en el departamento del Meta, en el occidente del país.
Asimismo, en julio de 2023, medios locales informaron de un ataque con dron contra militares en el departamento de Putumayo, en el suroriente del país.
Aunque su uso en ataques se ha intensificado recientemente, los grupos armados habrían empezado a emplear drones al menos desde 2015, sobre todo con fines de reconocimiento. Por su parte, las fuerzas de seguridad también utilizan drones desde al menos 2015, pero hasta ahora no se tiene constancia de que los hayan empleado para realizar ataques.
Con estos drones, los grupos armados atacan principalmente al Ejército, la Policía y a organizaciones rivales. Pero como suele ocurrir en el conflicto colombiano, los civiles también pagan un alto precio. Se estima que alrededor del 80% de los muertos durante décadas de guerra han sido civiles.
De minas antipersonales a drones: nuevas amenazas para la población civil
Los drones representan un nuevo tipo de amenaza para la población civil, según Miguel (seudónimo), habitante del Catatumbo. (Protegemos su identidad debido a los riesgos que implica criticar a los grupos armados en esta región).
“Hasta el momento, estábamos acostumbrados a las minas antipersona y a las balas. Con respecto a las minas, [los grupos armados] colocan letreros que dicen “campo minado” en las vías o partes donde ellos han sembrado minas, para avisar a la población civil y que no ingrese al sitio. Así que podemos visualizar los terrenos minados.
“Podemos oír el sonido de las balas también, los enfrentamientos. Y solamente, a veces, con tenderse en el suelo, o refugiarse detrás de un árbol o una pared, ya estamos salvaguardando la vida.
Con los drones es diferente: no sabemos en qué momento llegan, en dónde los van a descargar, porque es aéreo. No se ven. Cuando uno se da cuenta, esos aparatos ya están cayendo encima de las casas. Los drones ya acabaron con vidas de algunos habitantes.
Esos drones y el conflicto nos hicieron desplazar, abandonar nuestras viviendas, nuestras tierras. Algunos tuvieron que irse del departamento, otros se refugiaron en municipios. Es un terrorismo lo que tenemos aquí en la región y los que están pagando las consecuencias son la población civil.”
‘Miguel’, habitante del Catatumbo.
Violación del Derecho Internacional Humanitario
Lina Mejía Torres trabaja en Vivamos Humanos, una ONG colombiana de defensa de Derechos Humanos que monitorea especialmente la situación en el Catatumbo. Coincide con Miguel en cuanto a la especificidad de los drones y manifiesta preocupación por una población en particular: las personas que cuentan con medidas de protección debido a amenazas, muchas veces provenientes de grupos armados.
Hay vehículos blindados para algunas de estas personas, pero usualmente tienen el blindaje abajo, por si hay minas o bombas. La Unidad nacional de protección (UNP) no está preparada para ataques con drones. [Hay más de 15.000 personas con medidas de protección por parte de la UNP, de los cuales más de 10.000 son líderes y defensores de derechos humanos, NDLR.]
Hasta ahora, no hemos registrado un ataque con dron absolutamente dirigido a un civil. Han sido más víctimas colaterales hasta ahora. Sin embargo, si sabes que vas a impactar un objetivo en una zona que tiene una alta densidad poblacional, es evidente que vas a atacar también a la población civil. Viviendas han sido afectadas, no solamente por ‘daños colaterales’, sino que literalmente han sido destruidas. Eso en ningún momento respeta el tema de la proporcionalidad, lo de distinción, esas reglas básicas que en teoría deberían respetar los grupos armados.
Por otra parte, Camilo Mendoza considera también que la mayoría de víctimas civiles no eran el objetivo principal de los ataques: “Pensaría que son efectos colaterales sobre todo, sea por la falta de capacitación de los operadores de los grupos al margen de la ley o por condiciones climáticas”.
Para estimar el número de víctimas de ataques con drones, France 24 cruzó varias fuentes: casos denunciados en la prensa local y en las redes sociales, así como cifras facilitadas por expertos, al Ejército y la Policía de los departamentos de Cauca y Norte de Santander.
Según nuestras estimaciones, entre el 1 de enero de 2024 y el 13 de mayo de 2025 fueron asesinadas al menos seis personas, entre ellas tres civiles y tres militares.
Entre ellas: Luis Ernesto Mendoza, vecino del Catatumbo de 73 años, cuya casa fue alcanzada por un proyectil el 27 de marzo. Gravemente herido en el brazo y el cuello, fue trasladado al hospital, donde le amputaron el brazo. Finalmente murió dos días después.
Según una de nuestras fuentes, el proyectil fue lanzado desde un dron, una versión que también han difundido medios colombianos. Además, la Policía local nos proporcionó una lista de víctimas de ataques con drones, donde una entrada —la penúltima— parecería corresponder al caso de Luis Ernesto Mendoza.
En esa lista también figura otro civil asesinado en el Catatumbo, el 12 de abril: probablemente se trata de Farid Alonso López, de 72 años, cuyo nombre también fue recogido en la prensa colombiana.
En julio de 2024, un niño de 10 años, Dylan Camilo Erazo Yela, fue igualmente asesinado por un dron, esta vez en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, mientras jugaba en una cancha deportiva. Su muerte tuvo amplia cobertura en medios colombianos.
En cuanto a los tres militares fallecidos, todos perdieron la vida en el Catatumbo, entre marzo y mayo de 2025. Por ahora el número de muertos es limitado, los heridos ya suman decenas: al menos 92 personas —30 civiles, 48 militares y 14 policías— entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de mayo de 2025, según nuestro recuento.
En comparación, durante un periodo similar, las minas antipersonal causaron 173 muertos o heridos —85 civiles y 88 uniformados—, según cifras oficiales del Gobierno colombiano publicadas el 31 de mayo.
Violencia y narcotráfico
La mayoría de las víctimas de drones se concentran en el departamento del Cauca, que también registra el mayor número de ataques: 100 en 2024 y 59 entre el 1 de enero y el 6 de mayo de 2025, según la Policía de ese departamento. Los hechos ocurrieron en cinco municipios, todos ellos zonas de cultivo de coca, como el Catatumbo, donde los ataques con drones han ido en aumento desde marzo.
Esto no es sorpresa: las regiones cocaleras están dominadas por grupos armados que se disputan el control del territorio para maximizar ganancias del narcotráfico. También atacan a las fuerzas del Estado cuando estas intentan recuperar el control de algunas zonas.
“El dron es el misil del pobre”
Hasta ahora, los ataques con drones han sido responsabilidad sobre todo de las guerrillas —disidencias de las FARC y el ELN. Para compensar su inferioridad frente a las fuerzas estatales, estos grupos han recurrido históricamente a la creatividad y a armas no convencionales: minas antipersonal, carros bomba, explosivos fabricados con cilindros de gas y rellenos —a veces— de metralla, proyectiles caseros, etc. El uso de drones modificados parece ser una prolongación de esta estrategia.
En cuanto a los drones comerciales, Camilo Mendoza explica: “Comprar un dron es muy fácil, y su precio es muy bajo en comparación con armas convencionales. Por eso se les llama el misil del pobre. Lo que buscan es tener una pequeña fuerza aérea. Cualquiera puede aprender a manejarlos en una semana. También reduce mucho el riesgo para los atacantes, que ya no tienen que estar en el frente y pueden causar daños importantes desde cinco kilómetros de distancia”.
¿Respuesta tardía del Estado?
Ante esta nueva amenaza, Colombia ha empezado a adquirir sistemas antidrones. El principio es simple: detectar los drones y bloquear su señal para neutralizarlos. Pero, según los expertos, esta respuesta ha sido tardía y los dispositivos son insuficientes.Eric Saumeth, otro analista colombiano en temas de defensa consultado por France 24, señala: “Algunas entidades territoriales han adquirido sistemas antidrones a Singapur y Australia. Pero son muy pocas las que lo han hecho y no compraron muchos sistemas, entre otras cosas, por sus costos. Un sistema de este tipo está mínimo por encima de los 100.000 dólares“.
Lamenta que el Ministerio de Defensa —del que dependen el Ejército y la Policía— no haya adquirido aún una cantidad significativa de estos sistemas, salvo algunas compras a empresas de China (2019), Francia (2022) y Estados Unidos (2024). “Una empresa colombiana ha desarrollado su propio sistema, pero creo que la Fuerza Aérea solo tiene uno en uso”, añadió.
Consultado por France 24, el servicio de prensa del Ejército declaró el 20 de mayo que se han comprado equipos, aunque no precisó cuántos. La Policía de Norte de Santander indicó que existe un “plan integral” de la Policía Nacional frente a la amenaza de los drones, que contempla tecnología antidrones, pero sin dar detalles.
A comienzos de junio, el Ministerio de Defensa desembolsó 25 millones de dólares para comprar sistemas a una empresa estadounidense. Sin embargo, estos aún no habrían llegado al país.
“Creo que hubo una falta de previsión por parte del Estado, cuando hace años que se habla de drones. En este tema, la balanza se inclina hacia los grupos armados”, concluye Camilo Mendoza. Manfred Grautoff, otro experto colombiano en seguridad, añade: “Cada unidad debería contar ya con equipos antidrones y personal capacitado, pero no es el caso”.
De igual manera, como respuesta al uso de drones, el Ejército colombiano anunció la creación de una unidad élite que combatirá la proliferación de drones en las regiones del Cauca y Norte de Santander.
¿Drones FPV en Colombia, a la vista?
Otro motivo de preocupación: la posible llegada a Colombia de drones más sofisticados, como los usados en la guerra de Ucrania. “Por ahora, las técnicas y el alcance que tienen allá no se han replicado aquí, afortunadamente”, dice Mendoza, quien advierte: “Aún no tenemos drones FPV (First Person View) atacando unidades o infraestructura militar. Pero en mi opinión, los grupos armados van a adquirir esa tecnología antes de que acabe el año. Y actualmente no tenemos sistemas eficaces contra drones FPV en Colombia. Además, es probable que los grupos armados empiecen también a usar sistemas antidrones para neutralizar los dispositivos del Estado”.
Otro riesgo, según él: la aparición de drones con fibra óptica como los que se usan en Ucrania, inmunes al bloqueo electrónico.
Si esos modelos llegan al país, los expertos temen que el conflicto colombiano se transforme radicalmente, y que el equilibrio de poder se incline aún más a favor de los grupos armados.
Fuente: https://www.france24.com
